El Congreso de los Diputados ha concluido el trámite en las Cortes de la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y del Desperdicio Alimentario, dando por concluida su tramitación, por lo que ya puede publicarse y entrar en vigor.

La ley da respuesta al objetivo sobre producción y consumo responsables de la Agenda 2030 y se centra en la reducción de residuos alimentarios en la producción primaria, en la transformación, en la venta minorista, en restaurantes y servicios de comidas, así como en los hogares.

La ley aspira a alcanzar en 2030 una reducción del 50 % de los residuos alimentarios per cápita en los ámbitos de la venta minorista y del consumo y una reducción del 20 % de las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro, respecto a los valores de 2020, como contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Trabajando en la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria, la ley pretende alcanzar un triple impacto: social, ambiental y económico.

• Por un lado, a lo largo de toda la cadena alimentaria se producen niveles significativos de pérdidas y desperdicio alimentario, desde la producción hasta el consumo. Solamente entre las fases de la postcosecha y la venta minorista se pierde hasta el 14 % de los alimentos producidos en todo el mundo, según ha indicado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Estas pérdidas son señales de un funcionamiento ineficiente de los sistemas alimentarios y de una falta de concienciación social.
• Por otro lado, desde el punto de vista ambiental, el desperdicio de alimentos es responsable de la cuarta parte de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) del sistema agroalimentario, que representa en torno a una tonelada de CO2e per cápita al año. Los alimentos desperdiciados añaden un inasumible coste de oportunidad en recursos empleados, ya que absorben una ingente cantidad de insumos que no fructificarán e impiden el uso del suelo para otros fines, pues casi un 30 % de la superficie agrícola del mundo se usa anualmente para producir alimentos que se pierden o desperdician.
• Por último, desde la perspectiva económica, el desperdicio supone una ruptura de las cadenas de valor del sector primario, un freno para el desarrollo económico de muchas regiones y operadores y una inversión baldía que representa una pérdida de más de 728.000 millones de euros al año, según la FAO.

Por todo ello, reducir drásticamente ese volumen de pérdidas y desperdicio alimentario es un imperativo moral de los poderes públicos y de los operadores de la cadena de suministro.

Muy diversos factores, como la mejora de las capacidades productivas y logísticas, los cambios sociales y de consumo, la urbanización, las nuevas formas de vida y la menor dependencia de los aspectos naturales, han modificado la realidad productiva y trasladado una parte importante del problema de la pérdida y desperdicio hacia los eslabones posteriores de la cadena de suministro.

Si bien, a nivel global, se estima que entre el 25 % y el 30 % del total de alimentos producidos se pierde o desperdicia, en la Unión Europea se calcula que un 40% del desperdicio se concentra en el consumidor, otro 40% en la transformación y fabricación, el 15 % en la restauración y el 5 % en la distribución.

A quién afecta

Esta ley afecta a los consumidores y a todos los integrantes de cadena alimentaria en el territorio español, esto es: los operadores pertenecientes al sector primario, incluyendo cooperativas y demás entidades asociativas, entidades o empresas de elaboración, fabricación o distribución de alimentos, comercios al por menor, empresas del sector de la hostelería o la restauración y otros proveedores de servicios alimentarios, entidades del Tercer Sector de acción social, de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios de distribución de alimentos donados, y las administraciones públicas.

Los principios rectores de la ley

Las actividades destinadas a prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario para todos los agentes de la cadena alimentaria se rigen por los siguientes principios:

• La prevención, de modo que se fomenten medidas orientadas a evitar que se desperdicien alimentos, reduciendo la cantidad de pérdidas y desperdicio alimentario.
• El fomento de la donación de alimentos para consumo humano, priorizándolo frente a otros usos como la alimentación animal y la transformación en productos no alimenticios.
• El fomento de la educación y concienciación respecto a la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario de la ciudadanía, un derecho general que se concreta así:
  • Recibiendo información por parte de las administraciones públicas y de las empresas de la cadena alimentaria sobre las medidas para reducir el desperdicio alimentario en los hogares y la restauración.
  • Siendo informadas por las entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos, sobre las características, condiciones y estado de los alimentos que reciben como donación.
  • Pudiendo llevarse de las empresas de la hostelería y otros proveedores de servicios alimentarios los alimentos que no hayan consumido.

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